Juan Velasco
Estas notas tienen su origen en un debate con varios frentes en las redes sociales. La ventaja de estos ejercicios que pretenciosamente quiero pensar como reflexiones por escrito es que pueden darse en un tiempo distinto al de los acontecimientos, los temas del día a día son inalcanzables para quien escribe los chilaquiles.
Escuchaba en días pasados una de las tantas conferencias que ha dictado en español Michelangelo Bovero sobre la interpretación crítica que ha realizado del pensamiento de su maestro Norberto Bobbio. Con su habitual elegancia y parsimonia Bovero enfatizaba una noción que Bobbio defendió por años: la democracia es en primer lugar una forma de gobierno, una forma. Por eso, en democracia, importan de manera fundamental el cómo, el quién, el cuándo, el dónde –los aspectos formales de su realización. Si fuera en primer lugar una esencia, una sustancia, un contenido quizás podrían pasarse por alto las formas. Pero sostengo, con Bobbio y Bovero, que en democracia lo fundamental son las formas y precisamente los contenidos se definen y adquieren su valor y legitimidad -o los pierden o se tergiversan y corrompen en el marco de las formas.
El pasado 1 de agosto se realizó la primera consulta ciudadana legal e institucional en la historia de nuestro sistema democrático. Ha habido otras, pero esta fue la primera vez que se hizo desde los órganos electorales instituidos por la Constitución y las leyes con toda su experiencia, profesionalismo y legitimidad aunque desafortunadamente sin las mejores condiciones presupuestales, lo cual de ninguna manera es atribuible a dichos órganos.
Dicha consulta dejó un cierto sabor agridulce. Por un lado el INE -hasta donde alcanzó con los recursos y el tiempo disponibles- cubrió lo técnico, logístico y administrativo (una de las dimensiones de lo formal de los procesos democráticos) con el profesionalismo que ha desarrollado a lo largo de los años. Por el otro, la asistencia ciudadana a las mesas receptoras fue insuficiente para que el resultado final pudiera ser legalmente vinculante para la autoridad. En mi opinión esto tuvo que ver, precisamente, con las formas utilizadas para convocar y promover la consulta, así como las puestas en juego por la oposición partidista y una parte de la franja crítica que se encuentra más allá de los partidos para cuestionarla.
Aunque se supone que la consulta tuvo su origen en una propuesta ciudadana de dos personas de ninguna manera fue así como pasó a la opinión y discusión pública. Quienes tomaron la batuta para promover e impulsar la consulta fueron el titular del Ejecutivo desde su atril de Palacio y su brazo ejecutor electoral, Morena. Y lo hicieron además alterando por completo el sentido de la pregunta autorizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que hablaba de “investigar las decisiones y acciones de actores políticos del pasado” para convertirla en una supuesta anuencia o un mandato para “llevar a juicio a los expresidentes del periodo neoliberal”, lo cual permitía construir la narrativa de que quién se opusiera de hecho estaba defendiendo a personajes corruptos y ladrones.
Por su parte, la oposición partidaria y una parte de la franja crítica se montó en la narrativa de que la ley se aplica cuando hay motivos y pruebas sin necesidad de ninguna consulta ciudadana por lo cual el ejercicio era inútil o redundante tal y como era presentado por quien la promovía, además de significar un gasto sin ningún beneficio. Además se dijo que la consulta era un subterfugio del ejecutivo precisamente para justificar su inacción judicial contra todos los delitos que clama se cometieron en el pasado al tiempo que le permitía mantenerse en campaña para favorecer a su movimiento.
¿Quién falta en estas narrativas y esta discusión? La ciudadanía. La ciudadanía común, la de a pie (como se decía antes). Esa ciudadanía que otra vez quedo en medio e ignorada por los actores políticos y los medios, la discusión estaba en otro lado. Esa ciudadanía que sólo apareció cuando fue movilizada por alguna de las partes o cuando fue consultada por alguna encuestadora. Y que al final en su gran mayoría, el día de la consulta, decidió dedicar su tiempo a otra cosa.
Desde que comenzó todo el episodio asumí la postura personal de negarme a asistir a la mesa receptora el día de la consulta precisamente por mi desacuerdo con las formas. Aquí se imponen dos precisiones: Primera; negarme a ir a la mesa receptora de ninguna manera es negarme a participar, participé y participo precisamente entrando en debate. Quien alega que la participación implicaba asistir a la mesa olvida que la emisión de la opinión es un derecho que cada persona decide cuándo y cómo ejerce (otra vez, las formas) si la única forma de participar es tachar una boleta entonces dejó de ser derecho.
Segunda; se ha querido construir la narrativa de que quienes decidimos hacer otra cosa el día de la consulta es porque preferimos que la autoridad actúe y decida sin preguntarnos. Esta postura le otorga un valor esencial o sustancial al acto de preguntar olvidando una vez más la importancia de discutir quién pregunta, qué pregunta, cuándo pregunta. Van dos ejemplos para poner de relieve la importancia de las formas en el preguntar: dudo que a muchas personas les pueda parecer valioso en sí mismo que al caminar por la calle las detenga una patrulla y les haga preguntas y desconfío de quien parece pasar por alto que darle valor en sí mismo al hecho de preguntar puede implicar que se pretenda poner a consulta los derechos de las personas –especialmente de minorías o en situación de vulnerabilidad (como de hecho se ha sugerido ya desde el atril a propósito del aborto).
Resumiendo. Me cuesta trabajo encontrarle lo “ciudadana” a una consulta cuyos principales promotores fueron el Ejecutivo federal y el instituto político-electoral dominante que además lo hacen tergiversando el sentido legalmente autorizado de la pregunta dando pie a que sus opositores institucionales construyeran un discurso que se presenta como técnico pero es cuasi leguleyo. Me cuesta trabajo encontrarle el lado democrático a un ejercicio así realizado. Me sigo preguntando si la mayoría ciudadana se abstuvo de asistir a las mesas porque se sintió excluida del debate y nunca pudo apropiarse del proceso como sugiero más arriba o porque de plano sus preocupaciones más acuciantes se encuentran en un lugar distinto a esta que a fin de cuentas terminó siendo una pelea más entre las élites políticas y mediáticas del país.
Algo me queda claro. Al menos en primera instancia las consecuencias más evidentes tienen cara negativa. Por un lado, ni alcanzó para que el resultado fuera legalmente vinculante ni parece que un ejercicio tan tropezado tenga un gran valor didáctico-democrático para el futuro por lo que puede terminar siendo sólo un gasto. Por otro, el golpeteo y el desgaste a que ha sido (y sigue siendo) sometido el INE como autoridad encargada de los procesos electoral-democráticos pueden tener graves consecuencias posteriores en términos de certeza y legalidad, lo cual sería una pésima noticia.
Para terminar. Se ha insistido en decir que las consultas son mecanismos de democracia directa. En realidad son de democracia participativa y pueden contribuir a profundizar la ciudadanía democrática de un sistema en tanto complemento de los mecanismos de la democracia representativa siempre y cuando se realicen de la manera correcta.
Acá lo que tenemos es algo distinto. Al parecer lo que se pretende es prácticamente sustituir a la democracia representativa, con sus prácticas e instituciones formalmente reguladas por la ley. Y la tramposa tergiversación con que se promueven y se pretende se realicen convierte estas consultas “democráticas” en meras movilizaciones para “confirmar” las decisiones del Ejecutivo, sus aliados y sus aparatos de manera que aparezcan como decisiones tomadas por “el Pueblo” que el Ejecutivo sólo aplica.
Mucho se dijo por parte del movimiento que defiende al Ejecutivo y su autonombrada 4T que quienes nos opusimos a la consulta de agosto seguro íbamos a estar puestos para promover la revocación del mandato. Les falló el cálculo. La mayoría de quienes nos opusimos a aquella consulta también cuestionamos la validez y pertinencia de ésta (cuyo proceso específico merece otro chilaquil).
Y se repite. Mientras AMLO y su movimiento se empeñan en la “importancia” de hacer el ejercicio de revocación aunque sea innecesario dado el evidente apoyo que tiene (“hay que dejar el precedente”, dicen) la ciudadanía parece tener otros temas de conversación, otros problemas. Pero eso ¿a quién le importa? Lo que importa es hacer historia que para eso se llegó al atril, digo, a la silla. Saludos.
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