Raúl López Téllez
La presunta complacencia de las autoridades laborales con los directivos del diario Provincia propician la lentitud en el proceso para recuperar salarios y liquidaciones adeudadas a cien trabajadores despedidos en febrero del 2019, cuando sin más cerró la empresa, y de los que por la vía particular una mitad demandaron a la empresa Operadora y Editora del Bajío, S.A. de C.V.
Los trabajadores han optado por la iniciativa particular y no colectiva; a través de abogados buscan recuperar recursos luego que se declaró el cierre de la empresa bajo presunta quiebra y que según Jaime Lucero, uno de los afectados, no es real o no está registrada ante el Seguro Social como tal; “sigue dada de alta, tiene como a 33 personas con Seguro Social, no se ha declarado en bancarrota”.
La decisión de cerrar Provincia afectó al personal de todas las áreas, señala Lucero, quien se desempeñó en Provincia como reportero y editor. Una administración cada vez más en declive, con adeudos al IMSS y al Infonavit desde el año 2014 –que pone en situación de riesgo a varios de los despedidos respecto a la certeza de sus créditos-, derivó en pagos irregulares de salarios que llegaron a acumular más de seis quincenas, además de dejar en suspenso el pago de despensas que, como pago complementario, se cubría con vales que suspendió la compañía contratada.
A diez meses del hecho, los trabajadores lamentan que Alonso Medina “se refugie” en la empresa de su hermano, Álvaro Medina, director de La Voz de Michoacán, desde cuyos talleres se imprime Testigo, el suplemento sobre sucesos violentos que publicaba Provincia, con el espacio del directorio en blanco pero, indican, se sabe que el personal que lo edita labora en las instalaciones de La Voz.
Lucero afirma que desde febrero, cuando llamó a varios de los despedidos para buscar un acuerdo, Alonso les ofrecía equipo fotográfico y de cómputo como liquidación. Desde entonces afirma que no se ha buscado una reunión con él. “Siguen las demandas normales, hay más de 70 en la Junta de Conciliación y Arbitraje”, que integrarían un monto de 3 millones de pesos a su juicio, más “demandas de otras empresas, porque la empresa quedó a deber más de 20 millones de pesos”, indica. Incluso, dice, “debía todos los servicios, agua, luz, cable” en las instalaciones que ocupaba el diario, propiedad de la Organización Ramírez –los primeros propietarios y accionistas que se fueron retiraron de la empresa entre los años 2014 y 2015-, y que hoy luce desmantelado, ya sin el enorme cabezal del Diario Grande de Michoacán, como se autonombraba la publicación.
De los trabajadores que han demandado a la empresa, “son más de 50, pero los afectados son más de cien, aunque todavía lo pueden hacer porque legalmente no hay un documento que diga que se rescindió un contrato en la empresa, no hicieron nada legal en el cese de los trabajadores”, al reiterar que se trató de despidos injustificados. “No se expidió ningún documento de que a los trabajadores se les cesó, se les despidió o se rescindió el contrato, solamente se dejó de trabajar, tanto en el impreso como en la (página) web”.
El filo de la desesperación
Más allá de la lentitud de las autoridades laborales, la desesperación ya cala en algunos de los despedidos, quienes en principio tardaron en volver a conseguir empleos o algunos otros siguen a la deriva. Ejemplifica con su demanda: “Va en la segunda audiencia y van las dos veces que no se presenta el representante patronal”.
Incluso en despidos antes del cierre del medio, como el de un fotorreportero que ganó un juicio por despido injustificado y se emplazó a la empresa a cubrirle indemnización y salarios caídos, ésta incumplió ante la pasividad de la autoridad laboral, que en este caso particular se negó a hacer valer su responsabilidad. Cita un “caso muy sensible”, el fallecimiento de la corresponsal en Uruapan también antes del cierre, y cuyos familiares no recibieron ningún apoyo, además de consignar otra práctica generalizada cada vez más en los medios, la de registrar a los trabajadores ante el IMSS con un menor salario, lo que obviamente impactaba los alcances de un crédito por ejemplo del Infonavit, tanto en su monto como en el tiempo para concretarse.
Del mobiliario en las instalaciones, los trabajadores suponen que se encuentra embargado por particulares y dependencias oficiales. A principios de diciembre, sin embargo, en lo que podría ser un acto ilegal de ser ciertos los embargos, de las instalaciones que ocupaba Provincia, se retiró una parte de la enorme rotativa.
De febrero para acá, comenta, los despidos se han dado también en otras empresas incluida La Voz, al igual que en portales digitales; los recortes están a la orden del día al igual que los salarios insuficientes, sin tener la certeza de que las liquidaciones sean conforme a la ley.
-¿Por qué crees que no se dio la unidad de todos los trabajadores de Provincia en la defensa de sus derechos?
“Existe miedo, por eso no se enfrenta al patrón; o son dos o tres y son reprimidos o los corren, y eso temen los compañeros; faltó la unión antes de que se diera el cierre”. Cuando se dio éste, señala, los reporteros fueron quienes menos demandaron a la empresa. En su mayoría, dice, “consiguieron trabajo en el gobierno”.
