Juan Velasco
Andrés Manuel López Obrador y su movimiento están empeñados en realizar un ejercicio de revocación de mandato supuestamente para profundizar la democracia participativa y dejar el precedente de uso de la reforma constitucional realizada por la legislatura pasada en la Cámara de Diputados. Al igual que la consulta de agosto pasado, este ejercicio de revocación tal y como se ha promovido presenta una serie de problemas formales además de riesgos para nuestro sistema representativo.
Para que un ejercicio revocatorio sea un medio de control y sanción por parte de la sociedad es deseable que se cumplan al menos dos condiciones: que sea solicitado y promovido por una parte significativa de la ciudadanía y que esté adecuadamente regulado para en caso de que sea una mayoría la que pida la revocación efectivamente haya un cambio del grupo encargado de la administración pública. Ninguna de las dos se cumple adecuadamente en nuestro caso.
De hecho habría que dar un paso atrás. Cuando se realizó la elección de 2018 los tan cacareados 30 millones de votos que obtuvo López Obrador fueron otorgados por 30 millones de personas que no votaron por un Ejecutivo revocable porque la ley de revocación aún no existía. En rigor la revocación debería ser aplicable en su caso a partir de quien obtenga la victoria en 2024 para no traicionar el pacto y las reglas con que se acudió a las urnas en 2018. Se dice que es una ampliación de derechos y que por eso es válido. Tengo mis dudas. En fin.
Por lo menos desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari en este país se mide el nivel de aprobación de los titulares del ejecutivo por parte de encuestadoras contratadas por medios de comunicación o algún otro actor social. El caso López Obrador de ningún modo es una excepción. Es sabido que a pesar de los bajos niveles de aprobación en temas específicos como la seguridad o la economía, López Obrador se mantiene en la encuestas con 65 por ciento o más. Es imposible identificar una mayoría ciudadana que llevada por su desacuerdo o por la pérdida de confianza esté solicitando una revocación. Al menos en mi percepción la mayoría de quienes hemos expresado públicamente nuestro desacuerdo con la administración federal actual también hemos rechazado la pertinencia en este momento de realizar un ejercicio de revocación.
Quienes han solicitado y promovido que se realice el ejercicio de revocación han sido el propio López Obrador desde el atril de Palacio y su brazo ejecutor electoral, Morena. Y como en la consulta de agosto, lo han hecho tergiversando lo que dicen la Constitución y la ley, mintiendo en cuanto al sentido del evento. El membrete que crearon para hacer el acopio de los apoyos y pretender que es una exigencia ciudadana lo dice en su nombre “Que siga la democracia”. Si la cuestión fuera menos grave mi carcajada por el nombrecito de esa empresa fantasma; perdón, por ese membrete; perdón de nuevo, por esa organización ciudadana independiente de partidos y gobiernos, sería mucho muy estridente (y en tonos rosa, por supuesto).
Les dijeron a las personas a las que pidieron su firma y sus datos que era para una ratificación de mandato. Así estaba escrito en todas las lonas que se pusieron en los módulos para recabar apoyos. La ratificación de mandato ni existe ni es necesaria o posible en el sistema legal mexicano. Quizá lo que pasa es que el líder quiere refrendar política y mediáticamente su lugar en el sistema después de haber perdido la mayoría que tenía en diputados. Mera especulación, ignoro cómo se vea a sí mismo el sujeto del atril de las mañanas, y cómo vea a su movimiento y la transformación que dice que encabeza.
Como sea. Repito. Una ratificación de mandato es innecesaria e imposible en el sistema legal mexicano. Así de simple. Mintieron y lo siguen haciendo. Sería curioso que en el caso que se den las condiciones y el ejercicio se lleve a cabo resultara que los apoyos para que concluya su mandato fueran menos que los votos recibidos en 2018 ¿cómo habría que leer políticamente ese escenario? Esperemos. Luego hablamos de eso, cuando haya resultados oficiales y legales.
Estamos, entonces, ante una situación democráticamente anómala. Quien solicita el ejercicio de revocación es el titular del ejecutivo y su aparato electoral. La ciudadanía, organizada de manera autónoma o no organizada, no parece tenerlo como tema. Ya ha implicado y va a implicar un gasto. Implica además una distorsión de la discusión pública ¿qué discutimos? ¿la violencia, la pobreza, los feminicidios? No, la revocación/ratificación impulsada por una empresa fantasma; perdón, me volví a equivocar, esa revocación impulsada por una “organización ciudadana independiente”. Eso es lo que hay que discutir ¿a quién le importa lo otro?
En estas condiciones vuelve a plantearse la duda (o la sospecha) de que lo que busca la autonombrada 4T es mantener en campaña a su principal activo electoral: López Obrador. Y que toma como engañabobos el discurso de “impulsar la democracia participativa”, “hacer que se ejerzan los derechos plasmados en la Constitución”, “sentar un precedente democrático” y más bla bla. Patrañas. Por cierto ¿a qué hora un Ejecutivo en campaña permanente se ocupará de la administración del país que tiene a cargo? Ya sé, ya lo vimos sobretodo en la época dorada del Prianato: ni importa ni habrá rendición de cuentas, para eso se llega a la silla, hoy atril. Y la tan buscada revocación de mandato por parte del propio ejecutivo es una tramposa y costosa operación orwelliana para eludir la rendición de cuentas que sería propia de una administración pública medianamente democrática y decente que debería partir de una auténtica transparencia y dejar de joder con sus otros datos. Como dijo Carlos Urzúa en su carta de renuncia (y nadie lo desmintió), al titular del ejecutivo sólo le importa lo electoral. Según Vico sólo se conoce lo que uno mismo hace. Quizá por eso Amlo ve politiquería en todos lados.
Para terminar. Me pregunto si quienes promueven la realización del ejercicio de revocación tienen claro lo que sucedería en el remoto (remotísimo) caso de que una mayoría legalmente suficiente decidiera retirarle la confianza al actual ejecutivo federal. ¿Saben quién y cómo elegiría (sí, elegiría) a la persona que sustituiría al revocado? ¿saben entre quienes podría elegir? ¿saben cómo se tendría que realizar el proceso de entrega-recepción? ¿saben los tiempos legales para mantener el funcionamiento de la administración federal? ¿saben si el revocado debe rendir cuentas y cómo? En lo personal apenas ando en la investigada.
Si alguien tiene claro todo lo anterior espero me lo explique. ¿Saben por qué? Porque lo que sí es claro es que la estrategia ha sido golpear al INE. Reducir su presupuesto, cuestionar sus posturas y hasta sugerir que las elecciones vuelvan a Gobernación. Pero eso es tema de otro chilaquil. Saludos.
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