10/mayo/2019
Eduardo A. Chávez
Prevalecen en la máxima casa de estudios la violencia de género, la tolerancia a esta violencia, la violencia institucional y la revictimización, denuncian integrantes de la Red de Interuniversitarias Feministas contra la Violencia Sexual (Red Intrusas).
Después de prácticamente tres años de que una alumna de la Facultad de Filosofía interpusiera una denuncia por hostigamiento sexual contra un profesor de la misma institución, hasta el momento no se ha dictado sentencia alguna: “La dilación en la resolución del proceso no sólo ha fomentado la violencia institucional, sino que también ha contribuido a perpetuar un ambiente en el que se tolera y se justifica la violencia sexual contra las mujeres”, contraviniendo con ello, según la interpretación de la Red Intrusas, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, norma reconocida por el Protocolo para la Prevención, Actuación y Erradicación de la Violencia de Género aprobada por el Consejo Universitario de la UMSNH en 2017.
En conferencia de prensa realizada la mañana de este jueves, denunciaron diferentes situaciones con las cuales el profesor habría obstaculizado el proceso, enrarecido el contexto en que se ha llevado a cabo o violentado directamente a la denunciante o las personas que han expresado solidaridad con ella.
En su discurso hicieron alusión al hecho de que el profesor denunciado por hostigamiento sexual fue “juez y parte” en el proceso, ya que era miembro del Consejo Técnico de la Facultad durante las sesiones en que éste discutía la recomendación que emitió en junio de 2016 la antigua Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios en favor de la denunciante.
Relataron que posteriormente el profesor, cuya identidad no fue revelada durante el evento para no violentar el principio de confidencialidad, promovió un amparo solicitando a Tribunal Universitario suspender la denuncia, lo cual consiguió pese a que era improcedente, ya que no había ni sentencia definitiva ni resolución ante la cual ampararse. No obstante, si bien se desechó el recurso, para cuando la denunciante se enteró (de forma indirecta, pues la institución nunca le notificó) ya habían pasado varios meses.
Al retomar el caso, la supuesta víctima presentó un documento con pruebas de que la violencia por parte del profesor continuaba. No obstante no fue recibido “bajo el argumento de que el documento sustituía el número de expediente abierto ante el Tribunal por el número de queja interpuesta ante la Defensoría”.
Según los hechos relatados, el profesor habría incurrido en violaciones al principio de confidencialidad (difundiendo en sesiones de Consejo Técnico copias de la queja que la alumna puso ante la Defensoría). Además, habría enviado correos masivos a personal de la Facultad en la que señalaba al Director por supuestamente haber violentado sus derechos. Las acciones también se habrían dirigido en contra de una profesora de la misma institución, señalada por atentar contra la dignidad del denunciado, “no obstante, él utiliza términos peyorativos y discriminatorios para referirse a la persona de ella, como que es la ‘querida’ del director”.
En la interpretación de los hechos la Red Intrusas señala la responsabilidad que tiene la institución universitaria por dar un trato diferenciado al profesor denunciado y a la alumna denuciante, por propiciar un ambiente universitario en el que se tolera la violencia de género, en el que se justifica la violencia sexual contra las mujeres y, por consecuencia, en el que se revictimiza a las alumnas que han sido víctimas de hostigamiento sexual, acciones que van en contra del sentido del Protocolo, según el cual –destacan– se busca consolidar “un entorno universitario libre de violencia en el que se respete la dignidad de todas las personas y donde todas ellas puedan desenvolverse sin vulneración alguna”.
Las últimas acciones que la denunciante ha tomado en la búsqueda de “verdad, justicia y una reparación integral del daño” es una queja levantada en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Entretanto responsabilizaron al Tribunal Universitario por cualquier represalia contra la denunciante o sus acompañantes.
Por último, exigieron
una respuesta pronta, así como una revisión del Protocolo a la luz de esta
experiencia de denuncia, capacitación con perspectiva de género para quienes
tienen en su responsabilidad operar el instrumento y evaluación de estas mismas
instancias: “Si éstas no desempeñan sus funciones, ¿cómo esperar que se ejerza
el derecho a la denuncia y cómo hablar de una cultura de Derechos Humanos?”
